Piden que cese la persecución a los ambientalistas de Racedo

Organizaciones sociales y ambientales, ciudadanos y referentes del derecho, comenzaron a circular para su adhesión una nota donde solicitan al intendente de Paraná, Adán Bahl, que desista de la denuncia penal contra los activistas de calle Racedo.

La iniciativa se lanzó luego que se conociera la presentación del secretario Legal y Administrativo, Pablo José Testa, para que la Justicia identifique a través de la policía a los vecinos que se manifestaron en contra de las obras de ampliación del proyecto de ensanche de la mencionada arteria, a quien inculpan de los costos extra que les pasó la contratista.

El documento en donde se invita a sumar firmas se elaboró “a partir de la persecución que estamos teniendo un conjunto de militantes, activistas, vecinos de la ciudad”, se indicó a ERA Verde. En el pedido al presidente comunal, se plantea que “que tenga bien desistir de la denuncia penal y su ampliatoria formulada ante la fiscalía provincial de esta ciudad contra los vecinos, vecinas, asambleístas y miembros de las organizaciones ambientales, sociales y/o políticas,  e interpuesta en el marco de las protestas sociales sobre la Obra de ensanchamiento del Bv. Racedo de la ciudad de Paraná”.

La solicitud surgió a partir que ayer ingresara a la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación a cargo de Martín Wasinger, un pedido de ampliación de denuncia que presentó Testa junto al secretario de Obras Púbicas municipal, Maximiliano Argento, en el marco de las polémicas obras de ampliación de calle Racedo, en el tramo que va de avenidas Las Américas y Ramírez.

En nombre del municipio, Testa y Argento piden al fiscal “libre Oficio a la Policía de Entre Ríos a fin de que se remita a este legajo copias de actas o cualquier otro asiento documental” donde “se pueda individualizar los datos filiatorios de las personas que hayan” participado de las protestas contras los trabajos en calle Racedo y que significaron una demora en el inicio de las mismas. Los funcionarios comunales también piden que la Defensoría del Pueblo de la ciudad brinde los datos de los “concurrentes y a las asociaciones que representaron” a los asambleístas en las instancias de mediación que promovió esta dependencia pero que finalmente fracasaran.

La idea que expresan Testa y Argento es que la solicitud de indemnización por la empresa contratista ante las demoras en las labores –cuyo cálculo estima la misma es de $12.335.694,04–, es resultado de “las personas que impidieron la ejecución de trabajos de la obra pública licitada”.

Derecho a la protesta

Ante esta situación, el colectivo de entidades y ciudadanos le señala a Bahl “que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de las sociedades democráticas y se encuentra protegida por un amplio abanico de derechos y libertades de orden constitucional y convencional y que el sistema interamericano y universal de Derechos Humanos  garantiza tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos, como en la Declaración de Derechos Humanos de ONU”.

Además de citar a la Declaración Universal de Derechos Humanos, le recuerdan al intendente que “la protesta también juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos”, tras lo cual agregan que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “tiene dicho que los Estados miembros (nacionales y subnacionales –Municipio–) tienen la obligación de gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo”. Asimismo mencionan la vigencia del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú” en donde se establece el compromiso “de propiciar un entorno seguro a personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que estos puedan actuar sin amenazas ni restricciones de ningún tipo”.

Por todo esto los firmantes entienden que “la criminalización ya sea penal, administrativa o civil conculca contra estos derechos” mencionados solicitan “que desista de la denuncia penal oportunamente formulada y asimismo de cualquier reclamo civil y/o administrativo contra vecinos, vecinas, vecines, grupos y /u organizaciones de la sociedad civil”.

Fuente: eraverde.