Dos imputados por las lechuzas muertas en la playa del CAE
Los empleados de la empresa exterminadora Barp Group, que participaron de la matanza de lechuzas ocurrida el 9 de mayo en el balneario que ocupa el Club Atlético Estudiantes (CAE) en la Costanera de Paraná, quedaron finalmente ligados a la causa abierta en la Justicia por este conmovedor suceso.
Los empleados de la empresa exterminadora Barp Group, que participaron de la matanza de lechuzas ocurrida el 9 de mayo en el balneario que ocupa el Club Atlético Estudiantes (CAE) en la Costanera de Paraná, quedaron finalmente ligados a la causa abierta en la Justicia por este conmovedor suceso. El fiscal que quedó a cargo del expediente, Martin Wasinger, explicó que se evalúa con el abogado defensor y la querella de la entidad deportiva la posibilidad de una probation frente a la imputación por la violación a la ley nacional de Conservación de la Fauna. El dueño de la firma de control de plagas, Roque Barbosa, ya había admitido el hecho, desligando al encargo contratista del club, Julio Gamarci. En una carta a la Comisión Directiva contó que las aves reaccionaron con “agresividad” al ser desalojadas de sus nidos, por lo cual debieron defenderse con disparos de escopetas de aire comprimido.
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El hecho causó gran conmoción en la ciudadanía paranaense. A través de redes sociales e incluso movilizándose en una manifestación que se convocó frente a la sede del CAE que posee frente al río Paraná. En las primeras horas de la mañana del martes 9 de mayo pasado, un vecino y socio de la institución deportiva pasaba por la Costanera y vio que personas con armas largas se encontraban a los tiros contra una familia de lechuzas que habitaba armoniosamente en sus cuevas cercanas a la playa. Realizada a la División 911 de la Policía, uniformados intervinieron constatando que dos los sujetos pertenecientes a la empresa de control de plagas Barp Group se encontraban sacando las aves. En ese momento se registró que los exterminadores actuaron por orden de las autoridades de la entidad y se dio intervención al fiscal Martín Abraham, que optó por aguardar una denuncia formal.
Tras conocerse el hecho la repercusión fue tal que la Comisión Directiva del Club Estudiante se presentó en la tarde del miércoles 10 de mayo como actores con una denuncia penal por la matanza de lechuzas. Otras organizaciones pro derechos de los animales como la Fundación Callejeritos anunció también que iban a acompañar la denuncia que en pasó entonces a la representante de la Unidad Fiscal de Atención Primaria Jimena Ballesteros, quien inició investigaciones y ordenó las primeras medidas de prueba. El club, tal como lo confirmó su presidente, Emilio Fouces, se presentó ante el Ministerio Público al tiempo que inició un sumerio administrativo interno para saber qué pasó, ya que ningún miembro de la conducción había ordenado tales acciones. Sí admitió que la firma Barp Group brindaba servicios a la entidad desde hace 20 años, “de forma ininterrumpida y permanente, en todas las sedes”.
En efecto, la propia firma exterminadora envió una carta a la Comisión Directiva del CAE donde admitió el hecho, pero que el luctuoso saldo se produjo en la tentativa de trasladar a las aves por orden del intendente de la entidad deportiva, Julio Gamarci, pero que él no había ordenado eliminarlas. En el descargo el propietario de la empresa, Roque Barbosa señaló que los empleados debieron defenderse a escopetazos en “un hecho desgraciado” que no pudieron evitar y que le dispararon con las escopetas “con el exclusivo fin de defenderse”.
DELITO
Finalmente, quienes quedaron ligados al legajo 219913 fueron los dos trabajadores de Barp Group. En diálogo, el fiscal ahora a cargo, Martin Wasinger, señaló que, por su pedido, los individuos implicados en la muerte de las lechuzas fueron imputados por infracción al artículo 25º de la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna que reprime “con prisión de dos (2) meses a dos (2) años y con inhabilitación especial de hasta cinco (5) años el que cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación”.
El fiscal Wasinger también detalló que “actualmente se está considerando con el abogado defensor de los mismos y la parte querellante una salida alternativa, que en principio puede ser una suspensión de juicio a prueba para los mismos”, expuso.
Fuente: ERA Verde.