Quejas de vecinos por la retención de motos por parte de la policía
Con motivo de sucesivas quejas por parte de usuarios de motovehículos, a los que la Policía les ha sustraído su rodado indebidamente, es que la concejal Claudia Acevedo (UCR) se interiorizó de la problemática.
Muchos usuarios han manifestado que en operativos policiales, les solicitan el carnet de conducir estando vencido y teniendo en trámite su actualización, pero ante esta situación, la Policía procede a sustraerle el rodado de igual manera.
La concejal entiende que puede llegar a haber un desconocimiento por parte de las autoridades que encabezan los operativos de la Policía respecto de una reglamentación municipal vigente que estipula la prórroga del vencimiento del carnet para circular hasta el 31 de marzo. Por ello, es que la edil pidió una audiencia con el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein para poder informarse bajo qué procedimiento se desempeñan los encargados de estos operativos y transmitirle las quejas recibidas.
Los ciudadanos le han expresado a la edil su malestar por el proceder en los operativos en los que se les pide toda la documentación correspondiente, pero respecto al vencimiento del carnet, interpretan como una falta que en este caso no debería ser sancionada con la retención del motovehículo, cuando en realidad está en trámite su renovación y habiendo una prórroga el plazo para hacerlo, que es el 31 de marzo. Esa fecha figura en la Resolución N° 042 del 21 de diciembre de 2020, dictada por una secretaría del Ejecutivo municipal.
A todo esto, los afectados por la retención de las motos, han aducido -como es de público conocimiento- que están colapsadas las páginas de internet para pedir turno, con lo cual se hace complejo avanzar en esos trámites municipales.
Desde el Juzgado de Faltas se pudo saber que los motovehículos secuestrados por los carnets vencidos, en su mayoría terminan siendo devueltos a sus titulares, sin ningún tipo de sanción, ya que los jueces consideran que las actas fueron mal confeccionadas, pero aún así los usuarios terminan abonando gastos administrativos, sellados, sumado al mal momento que pasan ante el secuestro intempestivo de sus vehículos por parte de los uniformados.