La Justicia de Paraná falló a favor de un amparo colectivo presentado contra el Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos. La medida dictada por el juez Juan Francisco Malvasio responde a una demanda impulsada de manera conjunta por familias damnificadas, el gremio docente AGMER y la organización ambiental Fundación CAUCE.
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El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio de Paraná, Alejandro Grippo, impuso la pena de prisión perpetua a Alan Exequiel Domínguez, a quien un jurado popular reunido el 22 de mayo pasado declaró culpable de ser autor penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo y por haberse perpetrado en contexto de violencia de género.
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Se trata de un espacio ubicado en calle Urquiza y Cura Álvarez, donde la Municipalidad intervino para realizar tareas integrales de limpieza por quinta vez en los últimos dos años. Debido a la falta de respuesta de los propietarios, el incumplimiento en el pago de tasas y de los costos derivados de las intervenciones municipales, la Justicia dispuso un embargo preventivo.
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La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, impuso la pena de prisión perpetua a Cristian Gabriel Hernández, a quien un jurado popular declaró culpable el 22 de abril pasado del delito de “Homicidio agravado por el vínculo”, y condenó a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo a Ariana Gisela González, por haber sido declarada penalmente responsable del delito de “Homicidio agravado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación”.
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Este miércoles se realizará en Paraná la primera jornada del año del programa “La Justicia va a los Barrios”. La actividad tendrá lugar de 9 a 12 en la “Escuela de Gestión Social Pablo de Tarso”, ubicada en la Capilla “San Martín de Porres” (calle 620 entre Padre Cacho Ciuffo y Los Yaros), en barrio “Anacleto Medina”. La jornada será abierta, gratuita y las personas podrán acercarse sin necesidad de pedir turnos. Si el trámite es ante Juzgado de Paz, deberán llevar DNI.
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La Ordenanza 10.257, que entró en vigencia el 2 de diciembre de 2025, actualiza el régimen de faltas, amplía las herramientas de intervención estatal e incorpora sanciones alternativas orientadas a la convivencia y al cuidado del espacio público. Es una herramienta construida a partir del consenso que moderniza el sistema sancionatorio y lo adecua a las dinámicas actuales de la ciudad.
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