Inquilinos Agrupados Entre Ríos, una organización que vela por los derechos de quienes alquilan
Iniciaron sus actividades en diciembre de 2020, buscando retomar lo que viejas organizaciones intentaron en la provincia y la capital. Forman parte de la Federación de Inquilinos Nacional, que es una red de organizaciones con presencia en todo el país.
El referente de Entre Ríos es Jonathan Villanueva, de 22 años, estudiante de Comunicación Social. Nacido en Viale, hoy vive en Paraná. Desde PHM hicimos una entrevista para conocer cómo trabajan e interiorizarnos en líneas generales sobre la actualidad inquilina.
A un año y medio de sancionada la ley de alquileres, ¿Cómo analizan ese proceso?
Una ley para que pueda ser calificada de buena o no, de éxito o fracaso, si o si tiene que primero ser reglamentada y luego hacerla aplicar y cumplir, por medio de un órgano de aplicación especifico, que lo estipula la ley en su Título III. Si eso no ocurre, se está prejuzgando. En todo caso, creemos que fracasaron dos cuestiones: una es que el Estado no pudo ni supo controlar y lograr una deflación de la macroeconomía, lo cual no es sorpresa en Argentina; por otro lado, fracasó en hacer que la ley se aplique y se haga cumplir. Visto el panorama, está claro que los resultados no serán a priori positivos. Si el Estado no hace nada, es obvio que se ve como un fracaso. Pero el problema no es la ley.
¿Ustedes les piden al Estado una chance más, que primero la apliquen y después de un tiempo prolongado analizar si se modifica o no?
La ley de alquileres es una ley, pero es mucho más que eso, es una política pública de acceso a la vivienda, alquilada en éste caso. El sector inmobiliario, principalmente el Colegio Inmobiliario de Capital Federal, a través de dos o tres diputados nacionales, presentaron un proyecto para derogar esas políticas públicas. Pero no sólo hicieron lobby político, también un grosero lobby mediático, poniendo dinero en los medios de comunicación para que se replique un eslogan: “la ley no es buena”. ¿Por qué quieren eliminarla? Porque ellos no quieren que el Estado aplique ninguna política de acceso a la vivienda, porque quieren seguir manteniendo el multimillonario monopolio de acceso a la vivienda. El negocio de acceso a la vivienda mueve millonadas de plata. En un año el sector evadió dinero en $945 millones de pesos, ¿y la Justicia? Bien, gracias. En estos últimos 40 años, desde la última dictadura, el sector inmobiliario se quería hacer cargo y únicos en ofrecer el acceso a la vivienda, ¿Cuáles fueron los resultados? Las tomas de tierra en Guernica fue una demostración del fracaso absoluto de un sector que quiere monopolizar el negocio. La crisis habitacional se profundizó año tras año y con esa crisis se beneficiaron, porque mientras más gente, personas, familias o clientes como le llaman ellos, exista en buscar una vivienda, más crece el negocio. Se deben hacer una fuerte autocrítica, ellos también son responsables y culpables de la crisis habitacional que vivimos. No le pueden echar la culpa a otros. No le pueden echar la culpa al Estado de esta crisis habitacional, si ellos le piden al Estado que no haga nada, que eliminen todas las políticas públicas. La última dictadura militar desreguló el mercado, dolarizó el precio de las viviendas y por muchísimos años no se aplicó ninguna política pública. El Estado no puede violar la Constitución Nacional donde establece que debe aplicar políticas públicas para la vivienda, todos los países del mundo lo hacen. Por eso es que le pedimos al Estado y a los políticos que reaccionen y reflexionen: hacer lo que el mercado inmobiliario quiere, eliminar las pocas políticas públicas de acceso a la vivienda, sólo profundiza mucho más ésta terrible crisis habitacional que atravesamos. Nosotros creemos que pueden prevalecer la reflexión y la racionalidad y no el lobby.
¿Entonces para ustedes la ley de alquileres es buena?
Podemos afirmar desde el texto de la ley, que tiene cosas beneficiosas. Los invito a todos a que la lean, está en nuestras redes sociales o en el Boletín Oficial de la Nación. Tiene 24 artículos. El sector inmobiliario quiere eliminarla porque hay tres artículos que hacen que ellos no puedan ganar la guita que quieren ganar, ya que se dedican a la usura. Uno es la actualización anual; otro es el índice de esa actualización; y el otro es el plazo mínimo de tres años.
Para nosotros pasar a tres años mínimo legal es bueno, nos da estabilidad y ni hablar que no hay que abonar los millonarios honorarios al ingresar a la vivienda cada dos o menos años, lo cual es una mochila pesada que se nos quita. Además, en cada mudanza tenemos que pagar todos los gastos de acceso al alquiler, sellos, comisión, flete, etc. Esto no beneficia a las inmobiliarias, desde luego, porque le movemos los honorarios un año más hacia delante de mínima. Ellos quieren contratos cada año, para que todos los años le paguemos la comisión. Y no lol digo yo, lo dicen ellos mismos en diarios nacionales. Es imposible contratos anuales, pero si el lobby gana.
La actualización anual está comprobada matemáticamente que aumentar el alquiler una vez al año, es menos dinero que hacerlo escalonado o semestral como quieren. Ellos quieren aplicarnos aumentos cada tres o seis meses. Pero al aumentar la base imponible donde se calcula el aumento, hace que, contabilizado anualmente, sea mucho más que si se aplica una vez al año. No quieren perder ni un centavo, no quieren que nosotros ahorremos dinero ni vivamos bien. Sólo piensan en cómo ganar más. El cálculo lo hemos hecho en nuestras redes, y por cualquier duda, atendemos los mensajes privados.
Y, por último, la actualización del índice. Tema polémico que generó mucha inquietud en los inquilinos, y nos lo hacen saber. El Colegio Inmobiliario quiere que esa actualización no se indexe a ningún índice, quieren que discrecionalmente y unilateralmente, porque ellos nunca negocian, aplicar la actualización que quieran. Y siempre aplicaron actualizaciones que están atadas a la inflación, siempre hicieron eso. Si hoy la ley no estuviera, te estarían aplicando un 50% de actualización anual o un 25% semestral que termina siendo 56% anual. ¿O ustedes creen que si la ley no estuviera le van a seguir aplicando el 30% que aplicaban hace 2 años atrás? Ellos nunca pierden, por eso quieren eliminar la ley. Hace unos días leíamos en un diario nacional, que recibe mucha publicidad de inmobiliarias, una nota de un abogado que fue presidente del Centro Argentino de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal, que decía que tienen que eliminar ese índice que propone la actual ley y dejar que las partes acuerden, cosa que es absolutamente falsa porque nunca aplican un % negociado. También decía que tienen que fijar en el precio de un producto alimenticio, el café por ejemplo, y dentro de un año fijarse cuanto aumento, y ese número de % aplicarlo al alquiler. En Argentina, en noviembre, el café subió 10,8% en un solo mes, y en lo que va del año un 78%. Imagínate aquellos inquilinos que nos quejamos del 50% de hoy en día, si nos aplican un 78%.
Nosotros queremos informar a los inquilinos sobre cómo funciona el nuevo índice y cómo se aplica. Hay mucha desinformación malintencionada. Armamos ejemplos con números reales y casos reales para que podamos calcular. Le decimos a los inquilinos que un 50% es muchísimo y que impacta en nuestros bolsillos, siendo que éste índice se indexa a la inflación y salarios. Pero que no nos engañen, sin la ley también nos actualizan según la inflación, ese verso de que hace dos años me aumentaba un 30% es parte de esta campaña de desprestigio a la ley.
¿Por la ley se mermó la oferta de propiedades en alquiler?
Esa es otra falacia. Son eslogan que vimos en algunos medios de comunicación. Desde los Colegios creen que desde la ley hay un 40% menos de propiedades en alquiler, fue lo que dijo textualmente Marta Liotto, actual presidenta del Colegio de Capital Federal. Supongamos que sea verdad, tiene que existir un 40% de inquilinos que no encuentran dónde ir o que se quedaron en la calle porque donde estaban retiraban el inmueble. Y eso no es real, no existe, no pasa.
Por un lado, cuando se les preguntó cuál era el método que usaban para recopilar la información y afirmar que un 40% menos de propiedades hay en el mercado, no brindaron ninguno, sólo hicieron una afirmación ridícula en decir que ellos calculan que hay menos propiedades en alquiler porque en la calle se ven muchos carteles de venta. En base a esas vistas, los Colegios salen a decir que la oferta se redujo. Una barbaridad.
Por otro lado, los Colegios siempre fueron excelentes en mentir a los inquilinos. Pero ahora lo están haciendo con sus propios clientes, los propietarios. Les dicen a los propietarios y “aconsejan” que con la ley no es buen negocio alquilar. Es falaz, porque la ley no toca la rentabilidad del propietario. De enero de 2021 a diciembre de 2021, la inflación fue del 45,1% y el aumento del alquiler hoy está en 51,38%, porque se adoptan dos índices, la inflación y el RIPTE. Es decir, sigue siendo negocio alquilar. Además, un propietario que no lo alquila, tiene que seguir pagando las expensas, que teniéndolo alquilado, lo paga el inquilino. Además de seguir pagando los impuestos, como el inmobiliario, y los servicios, si están en vigencia. Y todos esos gastos sin ingresos de alquiler. Es pésimo el consejo que le están dando. Es importante también informar a los propietarios y que no se dejen engañar, la ley no los perjudica a ellos en nada.
Cuando dicen que tienen que hacerla cumplir, ¿Cómo se logra eso?
En Argentina y en los países del mundo existen organismos rectores que ordenan el mercado. En Estados Unidos hay leyes muy severas sobre los monopolios y la ley anti trust. Las leyes y los organismos no son restrictivo, sino que ordenan los mercados. Es así que los bancos públicos y privados en nuestro país están sujetos al BCRA, que es su organismo rector. Las empresas de internet, telefonía, cable, están sujetas al ENACOM. Las empresas de seguros por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Las empresas prepagas y obras sociales por la Superintendencia de Salud. Y así… ¿Cómo puede ser que un sector tan sensible y tan importante para la sociedad, como es el acceso a la vivienda, no tenga un órgano rector del mercado? Eso es fundamental, es el principio de la solución de toda esta crisis habitacional. Es sustancial. Tenemos miles de consultas y reclamos de inquilinos, de los incumplimientos y violaciones que cometen las inmobiliarias. Un grave problema son los contratos. Estos tienen que ser contratos consensuados, bilaterales, sin embargo, cuando vamos a firmar nos imponen y nos obligan a firmar bajo amenaza de que, si no firmamos, buscan otro inquilino o directamente no nos alquilan. Y atentos acá, porque de ese modo impondrían duración de contrato y actualización. Hay que avivarse, sino nos siguen metiendo la mano en los bolsillos. De manera que, volviendo a lo que estaba diciendo, este órgano de aplicación de la ley, nos permite brindar una plantilla de contrato universal. Y que una vez firmado se presente ese contrato en ese organismo, vía mail, para comprobar su cumplimiento. Pero no sólo es por los contratos, es por más cosas que nos faltan conquistar. Hoy en día los Colegios tiene un monopolio del mercado. Quien no esté matriculado no puede operar. Pusieron recursos para enfocarse a prohibir las franquicias, algo inentendible siendo que ellos son, por lo menos en sus relatos, pro libre mercado, pero en la práctica prohibieron las franquicias, ¿por qué no quieren competir con las franquicias? Otro tema importante son las comisiones. En una asamblea, unas pocas personas deciden cual será el porcentaje (%) de comisión que tienen que cobrar todas las inmobiliarias, e imponen un porcentaje para todos igual, ¿Dónde está la competencia? ¿Dónde está el libre mercado? ¿por qué las inmobiliarias no compiten entre sí con diferentes porcentajes? Sabemos la respuesta, nos van a decir que es porque están Colegiados y no son Cámaras empresariales. Está bien, para nosotros es una irracionalidad siendo que se creen pro libre mercado.
¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Cuál es el camino a seguir?
Falta todo. Acá ni siquiera se reglamentó de manera completa la ley de alquileres. Una ley no es milagrosa. Una vez que la ley esté sancionada, se necesitan un montón de políticas públicas más para abordar la crisis habitacional. Necesitamos cinco leyes más como la ley de alquileres, y obvio, que la apliquen.
En caso de que avance en el Congreso una modificación de la ley actual ¿Qué posición van a adoptar?
Sabemos el poder de lobby del sector inmobiliario. Y tenemos dos grandes crisis. Una es la habitacional que es inentendible que exista teniendo un país con semejante territorio. Y la otra crisis es el poder político que no aplica las políticas públicas para solucionar la crisis, y esto sucede porque hay corrupción. La actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, recibió el año pasado un departamento de más de 540 mil dólares en el barrio más caro del país, Recoleta, en Capital Federal. Cuando le dijeron que presente la declaración jurada fue un escándalo, no lo pudo justificar, los grandes medios de comunicación nacional hacen un blindaje y nadie dice nada. Pero es escandaloso. Más escandaloso es que la misma diputada, cuando le pidieron las declaraciones de quienes aportaron plata a su campaña, se conoció que un empresario inmobiliario de Capital Federal, aportó 1.000.000 de pesos. Después la escuchábamos a Vidal en todos los medios de comunicación nacional decir que la ley de alquileres había que derogarla. Nosotros estamos convencidos que ella no piensa que hay que derogarla, no es lo que ella cree, lo que ella piensa, ella sabe que derogarla es malo para todos, pero lo tiene que decir, lo tiene que hacer, ya recibió su aporte de campaña.
Lo mismo pasa con el diputado Sergio Massa, quien fue intendente de Tigre. Allí está Nordelta, y cuando fue intendente, alrededor de Nordelta había tierras fiscales que pertenecían al Municipio y se la vendieron a Nordelta por un precio irrisorio. La causa judicial dice que esos terrenos en el mercado se cotizaban a 300 o 400 dólares el metro cuadrado y se las vendieron a 20 dólares el metro cuadrado. Una vez urbanizado esos terrenos, subían a 900 dólares. Un negocio multimillonario. Y si eso está mal entramado con el Estado, es una bomba de tiempo en la crisis habitacional que vivimos. Sobre Ferraresi, Ministro de Hábitat, no digo nada, está todo dicho. Tiene inversiones en constructoras e inmobiliarias. La Oficina Anticorrupción está de decoro.
A todo esto, nuestra posición y la que tenemos que hacerle entender a los inquilinos, será defender la ley como una política pública y seguir manteniéndola. Que se aplique, que se cumpla, que se reglamente. Y que después de comprobar que hay uno o dos artículos que no nos beneficia, mejorarlos, pero no por eso eliminar toda la ley, porque lo que se propone no nos beneficia en nada.
Pará comunicarse con Inquilinos Agrupados de Entre Ríos hacerlo a través de sus redes sociales:
